lunes, 21 de marzo de 2011

Una ves mas el gobernador de Jalisco atenta contra el derecho a decidir de las mujeres de Jalisco.

El gobernador Emilio González Márquez envió al Congreso estatal un paquete de iniciativas que incluyen la tipificación del “delito de esterilidad provocada”, cuando presuntamente uno de los cónyuges lo haga sin la aprobación del otro, lo cual ha reabierto la polémica en Jalisco.
Otros dos asuntos polémicos, dentro del paquete para modificar los códigos Civil, Penal y de Procedimientos Penales, son los referentes al matrimonio y a la paternidad.
Diputados locales califican la propuesta como retrógrada, absurda y medieval, pero el gobierno estatal sostiene que ha sido malinterpretada.
Los puntos polémicos tienen que ver con la denominada Ley para Regular las Obligaciones que se derivan del Matrimonio.
En el artículo 273 dice que “los cónyuges están obligados a contribuir al establecimiento de una comunidad íntima de vida en donde ambos encuentren respeto, ayuda, solidaridad y asistencia mutua. Los cónyuges tienen derecho a decidir conjuntamente, de manera informada y responsable, el número y espaciamiento de sus hijos”.
Posteriormente, en el artículo 232 Bis correspondiente al capítulo X, sobre Esterilidad  Provocada, se lee: “Comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el consentimiento expreso de quien tenga legitimación para otorgarlo conforme a las disposiciones legales aplicables, practique procedimientos quirúrgicos que provoquen en una persona esterilidad.
“Este delito se sancionará con una pena de uno a seis años de prisión y de 40 a 120 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, más la reparación del daño. Este delito se perseguirá por querella.”
Para el coordinador del PRD en el Congreso local, Raúl Vargas López, esta iniciativa  “absurda remite a la posibilidad de tener un procedimiento definitivo para evitar el embarazo —esto es la salpingoclasia y la vasectomía— a la autorización de la pareja y desaparece en términos de esta iniciativa aberrante la posibilidad de que sea la mujer la que decida o sea el hombre el que decida”.
Mariana Fernández Ramírez, diputada priista e integrante de la Comisión de Equidad y Género, consideró que son “una vergüenza este tipo de iniciativas; son bastante retrógradas. Vemos una vez más que el gobernador no respeta el derecho a la libertad de las mujeres a decidir. El cuerpo de cada mujer es asunto de cada una de nosotras.
“Hay muchas madres solteras, 30% de las jefas de familia en Jalisco son mujeres; qué fácil es decir que le pidas la opinión al hombre; pero el hombre es el que se va y la mujer siempre se queda con los hijos. Hay que respetar la libertad de cada una de las mujeres, cada una tiene derecho a decidir lo que desea hacer con su cuerpo y no lo que diga un gobernador”, abundó.
perredista Raúl Vargas lamentó las iniciativas polémicas enviadas por el Ejecutivo; también se analiza la del blindaje a la familia, que busca respaldar la unión tradicional de padre, madre e hijos, para desconocer el matrimonio de homosexuales.
“La iniciativa (del blindaje) es, no diría de corte conservador, sino de ultraderecha, son medievales, que ponen en entredicho el Estado de derecho. (...)
“La autorización de la pareja tendría una sanción de tipo penal, esto nos parece absurdo. Por cada 30 mujeres que se hacen la salpingoclasia apenas un varón se practica la vasectomía; por eso insistimos en un debate serio, lejos de prejuicios de lo que representa esta aberrante pretensión.”
Destacó que el Código Civil pretende legitimar a la pareja como ente colectivo para decidir el número y espaciamiento de los hijos y el Código Penal tipifica como delito la esterilidad provocada, pero puntualiza que el médico cometerá un delito si no tiene la autorización de la pareja. “Es inconstitucional, un atentado a la democracia; al Estado laico y a las libertades, pues pretende condicionar un derecho individual a la decisión de la pareja.”

Gobierno dice que ha sido mal entendido
El gobierno estatal aseveró que se malinterpretó la propuesta de ley enviada al Congreso local, pues de ninguna manera se pretende que los cónyuges se autoricen uno al otro la esterilización definitiva, sino que las sanciones penales van contra el personal médico que la practique sin consentimiento.
“Esto no es así. La iniciativa penaliza que se practique un acto de esterilización quirúrgica en contra de la mujer o el hombre sin su expresa voluntad; esto es proteger una decisión íntima que corresponde a la persona, es sancionar con una pena, como un delito, el no respetar la decisión de la persona, de la mujer en lo particular o, en su caso, del hombre, aseguró Fernando Guzmán Pérez, secretario general de Gobierno de Jalisco.
“La Ley de Salud establece ya esta obligación y la Norma Mexicana en materia de Salud también obliga a recabar el consentimiento de la persona para su esterilización; sin embargo, no hay una sanción penal si no se cumple con esta obligación, en ese sentido va la iniciativa.”
El funcionario insistió en que la intención de la iniciativa es proteger a la mujer en distintos ámbitos y rechaza que se requiera la firma de ambos cónyuges para autorizarle al médico la práctica de la esterilización.
“No está condicionado. Es una decisión personal e íntima; obviamente, si están casados tienen que dialogar, platicar, no creo que lo tomen alguno de los cónyuges solamente en lo personal”, abundó el secretario de Gobierno.
¿Estrategia política?
El legislador Raúl Vargas López no descarta que haya un trasfondo político en esta iniciativa, porque al gobernador “le gusta polarizar las opiniones, pero creo que esta vez, tengo la seguridad, conseguirá el rechazo absoluto de la sociedad.
“Si es una estrategia que tiene como pretensión fundar su propósito de ser candidato de su partido, me parece que está equivocando el camino.”
La versión fue respaldada por Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
“En mi opinión se trata de una propuesta cuya intención es lograr un crecimiento político por parte del Ejecutivo estatal, abordando temas polémicos en los que suponen, él y su equipo, que darán rentabilidad política para las aspiraciones a la candidatura del PAN, con miras al 2012”, explicó Jiménez.
Consideró que no sería extraño si este tipo de iniciativas con temas polémicos continúan durante los próximos meses.
“No debemos descartar la posibilidad de que están planteando este tipo de propuestas que hacen ruido, que llaman la atención de la opinión pública y algunos sectores sociales, porque la intención es muy clara, y no es otra cosa que posicionar mediáticamente el nombre del gobernador de Jalisco”.
www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=723183



lunes, 14 de marzo de 2011

INSTANCIAS VAN Y VIENEN .....Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO CESA

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 14 mar 11 (CIMAC).- En septiembre de 2010 el Estado mexicano presentó su informe ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en el que dio a conocer las instancias que atienden la violencia contra las mujeres en nuestro país.

El informe da cuenta de los avances y los obstáculos en la aplicación de los 16 artículos sustantivos de la Convención entre agosto 2006 y septiembre 2010, así como de las Recomendaciones Generales emitidas hasta el momento por el Comité.

El Estado mexicano señala que las instituciones que atienden la violencia contra las mujeres son la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación.

Agrega además a la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, de la Cámara de Diputados, la cual está encargada de supervisar las acciones realizadas por el gobierno en la materia.

El Estado mexicano enumeró las leyes existentes a favor de las mujeres como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en febrero de 2007, y su reglamento, publicado en marzo de 2008, el cual distribuye competencias en los tres órdenes de gobierno en la materia, y demanda el diseño de una política integral.

Asimismo se crearon un Sistema Nacional y un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En 2007 se instaló el Sistema Nacional para impulsar acciones interinstitucionales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. A la fecha, se integra por 45 dependencias federales y estatales, entre ellas, los Institutos de la Mujer de las entidades federativas.

En el marco de sus sesiones, se instalaron las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Dictaminadora para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), y el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el estudio y análisis de la posible emisión de declaratoria de AVG.

También se propuso crear el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (el cual sigue pendiente); se trabajó en la elaboración del Programa Integral, del Diagnóstico Nacional y los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y se actualizó el Directorio de servicios de Canalización y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia.

No obstante para feministas como Marcela Lagarde y Angélica de la Peña estos mecanismos no funcionan de la forma adecuada para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia o que los asesinatos dolosos contra ellas disminuyan.