viernes, 31 de agosto de 2012

Senadoras y diputadas de la nueva legislatura firman pacto para impulsar políticas a favor de las mujeres


Marisol Flores
México DFagosto 31 de 2012.
Senadoras y diputadas de la legislatura entrante de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano se reunieron con representantes de organizaciones feministas para firmar el Pacto Político 2012-2015 en el que se comprometen a impulsar políticas públicas a favor de las mujeres y prevenir toda forma de discriminación.
 
Como un hecho histórico calificaron las legisladoras el que la Legislatura LXII cuente con más mujeres en las curules, 40 por ciento en la Cámara de Diputados y 33 por ciento en el Senado, sin embargo puntualizaron que es necesario avanzar en la realidad para que las mujeres no sean utilizadas para cumplir con una cuota de género que se le pide a sus partidos y tras un tiempo se les remueva.
 
En la firma del pacto celebrado en el Salón de los Cristales en San Lázaro en donde acudieron representantes de 20 organizaciones y académicas, así como las senadoras y diputadas del PRD, Martha Lucía Mícher Camarena, Angélica de la Peña, Amalia García, Alliet Bautista Bravo, las priístas Rocío García Olmedo, Lucero Saldaña, así como las representantes del Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, así como la representante de ONU Mujeres, María de la Paz López.
 
Teresa Incháustegui Romero integrante de la Comisión de Equidad y Género de la actual LXI presentó un balance de los logros y pendientes en el tema de género, reconoció el trabajo que desde hace más de 20 años realizan las organizaciones feministas. “A quienes se les debe incluir la agenda legislativa temas de igualdad y hoy la presencia de mujeres en las cámaras”.
 
La legisladora dijo que durante su administración lograron la reforma al artículo primero constitucional en donde cambiaron la “versión decimonónica” por una con enfoque de derechos humanos no obstante reconoció que en la mayoría de los artículos de la Constitución aún es inexistente la visión de género.
 
“La tarea para la actual legislatura es lograr la homologación de las leyes en los estados sobre la ley de trata, la figura jurídica del feminicidio y reformas en la Ley de Amparo”, destacó.
 
Refirió que en el caso del Código Penal Federal se logró la penalización para quien practique la discriminación, pero están pendientes la declaratoria de violencia de género en algunos estados y mejorar las condiciones de mujeres reclusas.
 
Martha Juárez, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y representante de las organizaciones presentó el documento del pacto legislativo para la igualdad en donde expone que se debe legislar con base a la reforma política constitucional de derechos humanos de junio 2011.
 
Destacó que se debe legislar sin favorecer a un culto o una perspectiva religiosa alguna, al armonizar los derechos se debe buscar la perspectiva de género, así como garantizar una vida libre de violencia, garantizar los derechos de la juventud, aunado a que temas como el envejecimiento y la migración deben ser abordados bajo la visión de género.
 
La activista añadió que al legislar en materia de salud pública, los presupuestos públicos deben tener un enfoque de género y garantizar la participación política de la mujer.
 
En su participación, Mícher Camarena propuso modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género por la Comisión de igualdad y Género y destacó que en las políticas públicas aún se debe garantizar que realmente los cambios en la legislación incidan en las mujeres.
 
Por su parte, en entrevista,  Amalia García dijo que no se prevén bajas de mujeres para suplir con un diputado debido a que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial llevó a los partidos a cumplir con una cuota de 40 por ciento y la designación de la suplencia ahora “si la propietaria es mujer la suplente debe ser una mujer”.
 
“El peso de la sociedad civil impediría esta práctica, pero se debe legislar” y reconoció que la llegada de más mujeres al Senado no garantiza aplicar el enfoque de género por lo que exhortó a trabajar en la educación de mujeres y hombres.
 
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domingo, 19 de agosto de 2012

Aprueba Jalisco cuestionada tipificación de feminicidio



Por Anayeli García Martínez

México, DF, 14 ago 12 (CIMAC).- Jalisco se convirtió en la entidad número 16 en tipificar el feminicidio, luego de que hoy el Congreso local reformó el artículo 232 del Código Penal estatal a fin de castigar este delito con penas de 18 a 40 años de cárcel.

Con esta reforma se pretende hacer frente a los homicidios dolosos de mujeres, que según organizaciones civiles ascendieron a 83 de enero de 2009 a junio de 2010, lo que ubica al estado en el cuarto lugar con la más alta cifra de casos de feminicidio.

La iniciativa originalmente fue presentada por la diputada Olga Araceli Gómez Flores y el diputado Raúl Vargas López, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo organizaciones civiles denunciaron que la propuesta era deficiente.

Tras un análisis, el 14 de mayo pasado la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó incluir el delito de feminicidio en el Código Penal estatal y castigarlo con una pena de 12 a 18 años de prisión, y de 20 a 40 años en caso de ser agravado.

Sin embargo en la sesión de hoy estuvieron presentes la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, el colectivo Queremos Seguir Vivas, Agenda Feminista y Yocoyani A.C., a fin de vigilar que la iniciativa no fuera en detrimento de los derechos femeninos.

También acudieron activistas del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organización civil que dio seguimiento a la propuesta y que advirtió de posibles retrocesos.

Guadalupe Ramos Ponce, integrante de Cladem, explicó que lograron que la reforma quedara casi completa tras una serie de modificaciones que se hicieron minutos antes de que el proyecto se presentara en el pleno, aunque afirmó que aún faltaron algunos elementos.

En Jalisco el tema resultó de trascendencia, pues la entidad se ubica atrás del Estado de México (309 casos), Sinaloa (125 casos) y Tamaulipas (103 casos), según datos el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que también presenció la discusión legislativa.

Al final, en el artículo 232 del Código Penal estatal no se estableció como una condición de feminicidio que el cuerpo de la víctima quede expuesto en un lugar público, lo que es preocupante porque hay casos donde a las mujeres se les abandona en la calle, dijo Ramos Ponce.

En el dictamen se señala que comete feminicidio quien asesine a una mujer y a la vez haya realizado actos de violencia familiar, humillación, denigración, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la muerte.

Asimismo se precisó que se considerará homicidio por razones de género si hubo privación de la libertad, si se cometió otro tipo de delito sexual y si hubo indicios de homofobia.

En la reforma al Código Penal estatal también se dejó en claro que quien cometa el delito de feminicidio no tiene derecho al beneficio de la libertad provisional bajo caución, ya que este delito se considera grave.

Ramos señaló que otros cambios positivos de último momento fue que para acreditar el delito se considerara como un factor si entre la víctima y el agresor hubo una relación familiar, de parentesco, laboral, docente o de confianza.

De acuerdo con un reporte elaborado por Cladem y el OCNF, en Jalisco en 2009 se documentaron 58 asesinatos dolosos de mujeres y para 2010 el número ascendió a 67, lo que –dijeron– era un incremento de 16 por ciento.

La activista dijo que las organizaciones civiles están contentas porque se dio el primer paso para visibilizar la violencia de género como un grave problema, no obstante dijo que no estarán satisfechas hasta no terminar de perfeccionar la reforma.

12/AGM/RMB

jueves, 2 de agosto de 2012

Palabra de Antígona " Diputadas al Congreso "



Por
Sara Lovera

La LXII Legislatura que iniciará en septiembre próximo, contará con casi 37 por ciento de mujeres de seis distintos partidos políticos. En total 183, según el análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG), cifra que podría variar a favor o en contra, tras procesos que están en disputa.

Esto es ocho puntos porcentuales más que en la actual legislatura. Ello, dice el CEAMEG, sólo y nada más porque los partidos políticos fueron sentenciados por el TRIFE a simplemente cumplir con la ley. Los partidos siguen en actitud de  resistencia para otorgar en tiempo y forma el 2 por ciento de sus ingresos -prerrogativas de ley- para asegurar la capacitación de nuevas líderes. Además de sus tradicionales mecanismos de control o su ignorancia supina respecto a los derechos de las mujeres.

También los partidos, cuellos de botella para la participación política de las mujeres, si los dirigen los hombres tradicionales, pondrán escollos para avanzar en hacer efectivas leyes que hoy son solamente de papel y que podrían ser aplicadas, mitigar el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres y hacer efectivos  los derechos sexuales y reproductivos. Una demanda central es legalizar el aborto.

Del PRI y Verde, si logran tener acuerdos en el Congreso, habrá 83 mujeres que pueden no tener la misma visión, pero si alianza; de la izquierda 50 mujeres y de la derecha tradicional 36. Es decir un cúmulo de mujeres que podrían hacer la diferencia. Se ha llegado a sólo 4 dígitos del 40 por ciento de ley, pero al mismo tiempo esta vez se rebasó el ansiado 30 por ciento que ha propuesto la ONU como mínimo para asegurar una masa crítica femenina en las cuestiones de Estado. 

Lo grave de este asunto es que muchas mujeres llegan a las cámaras sin ningún interés por los derechos humanos de las mujeres. Con franjas de desconocimiento elemental sobre éstos y con visiones distorsionadas de la oportunidad de poder usar su curul y la tribuna para empujar y resolver  los problemas de la desigualdad. No se trata de que lleguen y ya. Esto es un pendiente histórico.

Si la gran mayoría de las que serán diputadas pertenecen a institutos políticos conservadores, como PRI/PVEM/PAN, no podemos estar muy contentas. Todas las que vienen de esta ideología torcida serán 123, o sea, la perspectiva es más bien negativa frente al tamaño del reto, aunque podríamos pensar que muchas pueden actuar con autonomía.

La última encuesta de INEGI, sobre violencia indica que cerca de 18 millones de mexicanas sufren algún tipo de violencia en sus hogares, sin considerar los millones de mujeres afectadas por la cadena de violencia institucional, los apresamientos ilegales, las desapariciones, las asesinadas (más de 2 mil al año) y por supuesto las que viven violencia por el sólo hecho de ser pobres, indígenas o sin opciones por edad, etnia o condición social y familiar.

LAS CIFRAS Y LOS RETOS

Las mujeres que ganaron en elecciones de mayoría, votadas por quienes acudieron a las urnas el 1 de julio, son 91 y 92 llegarán por la vía  de las listas plurinominales.

En la mayoría, 45 por la colación PRI-Verde; 18 más por el PRI; del Frente
Progresista (PRD-PT-MC) 20 mujeres, y 8 del Partido Acción Nacional.

Las que llegaron por lista (92), la mayoría fue de Acción Nacional con 28; luego el PRI con 23; PRD con 21; el Partido del Trabajo llevará cinco; el Movimiento Ciudadano cuatro, y por la votación conseguida el Partido Nueva Alianza, otras cinco, ninguna de ese partido ganó de mayoría.

Es decir, habrá una bancada femenina muy plural, que afrontará nuevos retos especialmente lo que significa desafiar a sus entidades de la República para armonizar las leyes de violencia e igualdad en códigos, constituciones, reglamentos, ideas, muy desiguales y que con frecuencia significan atajos para lograr poner en práctica lo que se acuerda desde el centro. Un gran problema.

Las fuerzas femeninas y los abogados del país, en entidades muy dispares, no reconocen que la máxima ley para garantizar la igualdad y los derechos humanos a las mujeres es la Constitución, avanzada años luz respecto de las
Legislaciones  locales.

El otro problema que las diputadas tendrán que enfrentar es cómo llegar a un acuerdo para presidir las comisiones estratégicas. La de Feminicidio, la de Equidad y Género, el partido que dirigirá el CEAMEG y otras comisiones tan importantes como desarrollo social, salud, migración, población, seguridad y presupuesto donde las mujeres con conciencia de mujeres podrían hacer la diferencia.

Ello no significa desaprobar la importancia simbólica de esta bancada de 183 mujeres, tras muchos años en que las mujeres no llegaban a más del 20 por ciento, las que se ganaron el nombre de juanitas por renunciar inmediatamente para dejar el lugar a un varón ?lo que no se podrá hacer hoy- y la sensación de incomunicación sistemática, por la falta de interés en las cosas de la mitad de la población.

Algunos grupos de mujeres ya festejan estos números. Los muchos años de esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por promover la ciudadanía femenina están dando frutos.

Lo contrario a esta sensación satisfactoria, es saber que lo que en el país se juega en estos tiempos, es la gobernabilidad, la violencia y, por supuesto, la democracia. Saber que el proceso presidencial es al menos ilegítimo, porque precisamente en la venta y coerción del voto, las mujeres del pueblo fueron fundamentales, su doble carga, su dependencia milenaria y su pobreza, no las coloca como actoras para la democracia sino todo lo contrario. Este también es un escollo que no se puede evadir. No festejar, sino asumir el tamaño del problema del país, es lo que ahora toca. Veremos.