Ya es hora, es
tiempo!!
CLADEM[i]
Los derechos sexuales y los
derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe: A 20 años
de la Conferencia
de Cairo[ii]
Documento de posición i
“En los países de América
Latina, la pugna por la vigencia de los DSR es fuerte debido a la
transformación de enfoques y prácticas culturales y religiosas que la misma
implica.”[iii]
Introducción
Desde hace más de 20 años, CLADEM monitorea
los tratados internacionales y regionales de DDHH y desarrolla acciones para
incidir en sus procesos de modo de garantizar los DDHH de las mujeres. En
ocasión del seguimiento de Cairo+20, hace un llamado a los Estados de la región
para que cumplan con las obligaciones pendientes que tienen con las mujeres y las
adolescentes y niñas
en materia de derechos sexuales y reproductivos. Son deudas pendientes según
los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos de CPD, ODM y Beijing y de los compromisos asumidos
con la ratificación de los respectivos tratados y convenciones a nivel
internacional y regional. Recordamos que, además, han sido reclamadas
reiteradamente por los Comités Monitores, así como por organismos de la sociedad
civil y del movimiento de mujeres a lo largo de varias décadas. De esta manera,
CLADEM da continuidad al trabajo que viene realizando en el marco de dos de las
campañas que impulsamos en alianza con varias organizaciones y redes en la
región:
·
Campaña por una Convención
Interamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Iniciada en 1999, nuclea a
personas –hombres, mujeres, jóvenes y personas transexuales, de todas las
edades, razas y colores– que piensan que la libertad y la equidad en estos
campos de la vida humana deben ser garantizados para todos, sin ningún tipo de
discriminación. Fue motivada por el convencimiento de que estos derechos no son
suficientemente sostenidos por los Estados nacionales, que son influidos por
sectores conservadores –incluyendo a las jerarquías de las religiones
predominantes, en particular la iglesia católica– y por ello busca crear un
instrumento regional de ddhh que pueda garantizarlos. Articula a las
principales redes feministas y activistas de la diversidad sexual de la región,
y mantiene articulaciones pluralistas en los países que han adherido.[iv]
·
Campaña de Deudas Pendientes. Campaña impulsada por CLADEM
en alianza con otras redes[v] que busca promover el
cumplimiento de las obligaciones pendientes que tienen los Estados de la Región , derivadas de
recomendaciones, sentencias, observaciones finales y otros mecanismos del
derecho internacional, provenientes de órganos internacionales, emitidos para
que cumplan con los derechos de las mujeres.[vi]
i Documento de posición elaborado y presentado en el
marco de la 45º sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, del 23 al 27
de abril de 2012, en la Sede de las Naciones Unidas. Nueva York, EE UU
[i] Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
las Mujeres. Misión: CLADEM es
una organización regional que articula a personas y organizaciones feministas
de América Latina y el Caribe. Desde un enfoque jurídico político, busca
aportar a la transformación social y a la construcción de democracias
radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la diversidad
cultural, étnico-racial, sexual y social, para el pleno ejercicio y disfrute de
los derechos humanos de las mujeres. www.cladem.org
[ii] Abarcamos en este análisis a los países de
Latinoamérica y el Caribe de habla hispanoparlante: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela todos estos países han firmado el Plan de Acción del Cairo y
la Declaración
del Milenio.
[iii] CLADEM. “Diez
Años de avances legales después del Cairo”. Lima, 2004.p.9
[v] Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD), Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y
la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red
DESC).
Esferas de especial preocupación para los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
1. Políticas públicas en sexualidad y reproducción. Servicios de salud públicos de nivel nacional y local. Si bien en estos 20 años se observan avances -muchos países tienen normativa y programas de salud sexual y reproductiva[i] -, siguen existiendo falencias. Por ejemplo, en la sanción de normativa de alto nivel, así como en el diseño, evaluación y efectiva implementación (de manera sistemática) de servicios de calidad: cercanos geográficamente para la población, con horarios amplios, con perspectiva de género, gratuitos, amistosos y que respeten la autonomía de usuarios y usuarias. Nuestra región atravesó, en la década de los 90, procesos de reforma del sector salud que estuvieron fundamentalmente orientados a la descentralización, achicamiento de las responsabilidades y presencia del Estado, y reducción presupuestaria. Los servicios públicos han quedado desarticulados, fragmentados y heterogéneos. Dentro de ello, los correspondientes a la sexualidad y reproducción son considerados, en muchos casos, como secundarios. Los/as adolescentes suelen enfrentar particulares problemas en este tema, en particular cuando concurren la consulta sin la compañía de adultos.
2. Participación de la sociedad civil en su formulación, monitoreo y
evaluación. Es
sabida la importancia de que esto se implemente de manera sistemática. Sin
embargo, la mayoría de los gobiernos de la región prefieren mantener la
sociedad civil a distancia y no otorgarle capacidad de decisión. En la mayoría
de los países, las mujeres no tienen canales de acceso para obtener información
o realizar denuncias por la mala atención recibida o por la violación a sus
derechos.
3.
Cuestiones presupuestarias. En los países federales, la doble responsabilidad (nacional y provincial/estadual/local) no
implica que las niñas, jóvenes y mujeres adultas tengan siempre el acceso
asegurado a los servicios, sino que se traduce en la falta de coordinación. Se observan desigualdades
estructurales del sistema de salud para igualar oportunidades.
4.
Acceso a métodos
anticonceptivos (MACs). No todos los países de la
región tienen programas de entrega gratuita de todos los MACs existentes: de
barrera, hormonales o quirúrgicos. En muchas ocasiones se exigen requisitos no
válidos para algunos de ellos, en particular para la ligadura de trompas (cierto
número de hijos, autorización del cónyuge o pareja). Se implementan métodos
informales de disuasión por parte del equipo de salud, cuyas decisiones suelen
estar determinadas por sus propias convicciones personales más que por las
normativas legales o de las políticas públicas. El MAC más resistido es la AHE (Anticoncepción Hormonal
de Emergencia) cuyo uso, en muchos países, sufre restricciones. En Honduras su
sido recientemente prohibido y penalizado al asimilarlo al aborto.
5.
Prevención y asistencia en
vih-sida. Desde
el comienzo de la enfermedad, en que la relación era aproximadamente 86 hombres
infectados por cada persona de sexo femenino, la epidemia se ha ido feminizando
y se acerca a ser más de un tercio de los casos diagnosticados. El contacto
heterosexual de alto riesgo fue el origen del 80% de estas nuevas infecciones
diagnosticadas[ii].
6.
Objeción
de conciencia. Es en
general reconocido por los Estados de la región como un derecho personal, por
parte del equipo de salud, a no ejecutar lo que violenta sus convicciones. Sin
embargo, resulta claro que los servicios públicos no pueden ser objetores de
conciencia. La falta de normativa clara en el tema, en la mayoría de los
países, facilita esta situación; muchos profesionales realizan en sus
consultorios aquellas prácticas que niegan a las usuarias de los servicios
públicos.
7.
Morbi-mortalidad materna
derivada de abortos practicados en condiciones de riesgo. Es sabido que el aborto
practicado en condiciones seguras es una de las intervenciones quirúrgicas de
menor riesgo, incluso menor que un parto. También se sabe que la principal
causa de la muerte materna es el aborto clandestino por su condición de ilegal
(alrededor del 30 al 40% de las muertes, en países en desarrollo). También es
conocido que según OMS, UNICEF y FNUAP (2003), la MM en países en desarrollo es
desproporcionadamente alta en relación a los países desarrollados.[iii] Hay 10 países de la región, con cifras de la razón
de la mortalidad materna mayores de 100 por 100.000 nacidos vivos. Afectan
particularmente a los estratos más pobres de la población: mujeres pobres,
desposeídas, analfabetas, que viven en áreas rurales o en condiciones de
marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a poblaciones indígenas y grupos de
adolescentes, cuyos embarazos no han sido planificados y/o son producto de
violaciones y abusos sexuales.
8.
Acceso al aborto no punible. En nuestra región (donde el
aborto está penalizado salvo en Cuba, Puerto Rico y México DF), la mayoría de
los países tienen causales por los cuales no es punible. Por su parte, Chile, El Salvador, Honduras, República
Dominicana, Nicaragua y alrededor de 16 Estados de México,[iv]
no admiten causales eximentes. Por otro lado, aún los países que
tienen causales de eximición de pena vigentes, las prácticas no se ejecutan en
tiempo y forma. Se judicializan sin razón, se deja pasar el tiempo, y en algunos
casos prácticamente se “secuestra” a las niñas (esto ocurre particularmente en
niñas menores de 15 años), se presiona, asusta o corrompe a la familia para
impedir que este aborto legal se efectivice. Recientemente, la Corte Suprema de
Justicia de Argentina ha emitido un fallo que legitima el aborto por violación
en todos los casos.[v]
9.
Despenalización y
legalización del aborto. Se registra en la región un fuerte ascenso de los movimientos de
mujeres que activan por la interrupción voluntaria del embarazo; es decir, su
despenalización y legalización. Argentina con la Campaña Nacional
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Uruguay en pleno proceso de discusión
parlamentaria[vi];
México con la despenalización en su ciudad capital; Colombia en la ampliación
de las causales, (aunque actualmente sufre un embate para su retroceso). Sin
embargo, en los países[vii] que
no tienen causales eximentes, la situación se ha agravado fuertemente. Nuestra
evaluación es que nuestros Estados y sus funcionarios políticos son fuertemente
sensibles a presiones de todo tipo, y muchos de ellos consideran que deben seguir
exclusivamente sus propias convicciones sin tener en cuenta las demandas de la
sociedad civil.
10.
Legislación contra las
lesiones o sobre protección del concebido. Esto ha ocurrido en varios países
(Colombia, Salvador, Nicaragua, Perú, Argentina, Costa Rica, Nicaragua,) y, si
bien no parece tener consecuencias muy específicas, forma parte del avance de
los sectores conservadores para recortar el derecho de las mujeres a su cuerpo,
así como su autonomía reproductiva. Todo recorte a la autonomía reproductiva de
las mujeres provocan severos daños psíquicos y físicos a las mujeres, y también
la muerte.
11.
Educación Sexual Integral en las escuelas. Si bien existe normativa legal en muchos países, la implementación
concreta tiene severas fallas. En muchos casos no se realiza, violentando las
leyes; en otros, los
programas son elementales, biologicistas, no abarcan todos los temas. Gran
parte de la resistencia proviene del mismo personal docente, y de las
autoridades del sistema educativo[viii].
La capacitación docente en general continúa siendo insuficiente, ya que
requiere sistematicidad a mediano plazo.
12. Violencia: abuso sexual. Dado que nuestra identidad y nuestros
cuerpos son sexuados, toda violencia de género es sexual, en particular la
dirigida a mujeres, jóvenes y niñas. Actualmente es más visible y presente que
en años anteriores. Se han registrado avances, a través de modificación de
algunos códigos penales en los que se agravan las penas para abuso sexual.
También se ha tendido a eliminar el avenimiento[ix].
Sin embargo, la violencia parece ir en aumento, todos los países de la región
cuentan con leyes, pero éstas tienen un bajo nivel de efectividad. La razón
principal es que se trata de una problemática multidimensional que requiere de
la articulación de muchas diferentes áreas y niveles de los Estados: los
sistemas de salud, fuerzas de seguridad, protección social, trabajo, educación,
jurídico, etc. También es necesario recordar que en situaciones de conflicto
armado, las mujeres son víctimas centrales porque se utilizan para humillar o
desmoralizar al enemigo, o –en el caso de los embarazos forzados– para
colonizarlo de hecho. Existen convenios, convenciones y el Auto 092 en
Colombia, por ejemplo, pero todos ellos tienen un escaso cumplimiento. La
situación se agrava cuando se refiere a mujeres, adolescentes y niñas/os.
Asimismo, esto guarda estrecha relación con muchos casos de feminicidios y su impunidad.
13. Violencia: explotación sexual. Está en crecimiento, aunque en muchos
países de la región se han registrado avances legislativos (declarándolo delito
federal, agravando las penas, incluyéndolo como tipo penal, penalizando al
usuario o cliente de adolescentes (Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Perú,
Puerto Rico). También se han mejorado los procedimientos de investigación y
procesamiento del sujeto activo, y se han hecho esfuerzos para atender y
proteger a las víctimas. Sin embargo, todas estas medidas parecen ser poco
eficaces, probablemente porque la explotación sexual requiere siempre de la
complicidad de las fuerzas de seguridad, y los gobiernos parecen no tener
control total sobre ellas. También el sistema jurídico debe ser concientizado.
Por otro lado, no se implementan políticas de prevención; por ejemplo, la
educación sexual y la creación de oportunidades laborales que podrían colaborar
para disminuir este flagelo.
14. Violencia: trata y tráfico de
mujeres. Según ACNUR, se ha incrementado en forma
alarmante en los últimos años a
nivel mundial debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos
desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países
industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron
considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios
aislados9. Ocupa hoy el segundo lugar en
el ranking de ganancias (de millones de dólares) del crimen organizado
internacional, detrás del tráfico de drogas y por encima del tráfico ilegal de
armas; y se presume que la tendencia es que alcance el primer lugar. Aunque sus objetivos son varios, la explotación
sexual es uno de los centrales. Sus principales víctimas: niñas y niños, y mujeres.
Existe un marco jurídico internacional que lo regula.[x]
Una de sus particularidades es
que necesariamente deben corromper a agentes del Estado -específicamente a las
fuerzas de seguridad– encargadas de su control.
Recomendaciones
a los Estados, encarando los derechos sexuales y reproductivos como políticas
de Estado a largo plazo:
1. Crear e implementar de manera
eficaz políticas públicas y programas para atender la salud sexual y
reproductiva en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y la
laicicidad. Monitorearlos para garantizar servicios de calidad gratuitos, que
guarden confidencialidad, accesibles a toda la población, que respeten las
particularidades en cada etapa del ciclo vital, -en particular para los/as
adolescentes - la autonomía de usuarios/as, sus preferencias y orientaciones
sexuales, y su pertenencia étnico-cultural. La confidencialidad es crucial para
muchos grupos, en particular para jóvenes y adolescentes. Para todo ello, es
necesario capacitar al personal de salud de manera permanente. Deben contemplar
asesoramiento e información comprensible, entrega de MAC, servicios de
reproducción asistida, atención y prevención de cáncer genito-mamario;
prevención y atención de VIH/SIDA, y enfermedades de transmisión sexual. Debe
abarcar todo el ciclo vital, desde niñas y adolescentes hasta la tercera edad;
y abordar también las necesidades específicas de los grupos de la diversidad
sexual.
2. Facilitar a la sociedad civil
el acceso a la información y a las decisiones, estimulando por ejemplo la formación
de mesas de trabajo mixtas (sociedad civil-Estado) que funcionen de manera
permanente. Crear canales para que usuarios/as canalicen demandas, consultas o
denuncias.
3. Asegurar presupuestos suficientes y permanentes
para garantizar todas las prestaciones previstas y necesarias.
4. Garantizar la amplia
distribución de todos los medios anticonceptivos existentes que se encuentran
aprobados por OMS y OPS, de manera gratuita, sin exigir requisitos que no
corresponden. Deben asimismo asegurar la libre opción de mujeres y/o parejas
sobre el MAC de su preferencia; garantizar que reciban la información necesaria
de manera comprensible, y respetar su autonomía al respecto.
5. Realizar
campañas de difusión permanentes para la prevención del vih-sida; proveer a
toda la población de formas accesibles para realizar detección temprana;
proveer medicamentos gratuitos a la población infectada; prohibir expresamente
toda forma de discriminación hacia quienes lo padecen.
6. Dictar
normativas claras sobre requisitos para la objeción de conciencia,
estableciendo que los servicios deben prever personal que no la presente, de
modo de prestar siempre los servicios requeridos. Se recomienda la creación de
registros nacionales de objetores y la eliminación de esta opción para personal
que se incorpore a futuro a los servicios públicos de salud. Los objetores no
podrán prestar el servicio que han objetado, en su práctica privada.
7. Garantizar una correcta
atención del aborto en curso y posaborto, humanizada y de calidad, que incluya
consejería, asesoramiento y entrega o colocación de MAC en el curso del
posaborto.
8. Los Estados que poseen
normativa que contempla causales para la despenalización del aborto, deben
garantizar su efectivización en tiempo y forma. Deben generarse protocolos de
atención de nivel nacional, otorgarle jerarquía normativa (como por ejemplo
resolución ministerial) y garantizar su aplicación en todas las instancias.
Estos protocolos deben establecer que se trata de una práctica privada que debe
ser resuelta en la privacidad de la consulta médica (tal como lo especifica el
dictamen del Comité de DDHH ONU en el caso LMR de Argentina)[i] y
no debe judicializarse. Aquellos magistrados judiciales que indebidamente
obstaculicen el normal proceso de la práctica médica deben ser objeto de
sanciones, lo mismo que el personal médico que incurra en acción semejante.
9. Promover el debate
parlamentario amplio y democrático sobre la legalización del aborto por
decisión de la mujer, con la inclusión de las voces de la sociedad civil. Llevar
adelante encuestas independientes para relevar la opinión de la ciudadanía y
avanzar en la línea que éstas muestren.
10. Abstenerse de crear figuras
inespecíficas, como “el Día del Niño por Nacer” ya que atentan contra la
autonomía femenina y sus derechos a disponer de su cuerpo.
11. Implementar programas
sistemáticos de educación sexual integral, en el marco de los DDHH, con
perspectiva de género y sin pregnancia biologista. Que incluyan la dimensión de
la autonomía y el derecho al placer. Dictados desde el nivel inicial hasta
finalizar el nivel secundario, con contenidos adecuados a las problemáticas de
cada etapa etaria. Deben ser difundidos entre padres y familias del alumnado,
señalando que la información completa y adecuada tiende a hacer disminuir las
conductas de riesgo y prevenir los abusos sexuales de niños por parte de
adultos.
12. Sancionar leyes abarcadoras y
transversales para abordar de manera multidimensional el fenómeno de la
violencia hacia las mujeres, en particular la violencia sexual. Crear programas
y políticas que articulen acciones inter áreas y niveles; capacitar sus fuerzas
de seguridad en temas de DDHH y perspectiva de género; elaborar y aplicar
protocolos de atención para las víctimas, que incluyan la provisión y
aplicación de anticoncepción de emergencia y antirretrovirales. El aborto de un
embarazo producto de violación debería ser no punible en todos los casos.
13. Capacitar y monitorear a sus
fuerzas de seguridad con instrucciones específicas para la persecución del
delito de explotación sexual de mujeres, y sobre todo de niñas y adolescentes.
Los funcionarios judiciales deben perseguir adecuadamente a estos delincuentes
y arbitrar medidas de protección para las víctimas. El sistema de protección
social debe brindarles vivienda y capacitación para el trabajo, de modo de que
puedan acceder a opciones de vida saludables y legítimas. En los países
federales, debiera ser siempre un delito federal.
14. Enfrentar el delito de trata
y tráfico de personas como delito complejo, parte del crimen transnacional organizado.
Implementar todo tipo de medidas legislativas, procesales, penales para
sancionar a los victimarios, y educativas y de salud para proteger a las
víctimas. Deben crear protocolos estandarizados para la investigación de casos
de trata con fines de explotación sexual y directivas para la identificación,
entrevista y asistencia a las víctimas del delito de trata.
¡YA ES HORA que el Estado garantice los derechos
sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el
Caribe!
