miércoles, 9 de febrero de 2011

¡NI CÁRCEL NI MUERTE A LAS MUJERES POR ABORTAR!

DECLARATORIA del PACTO NACIONAL POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

177 mujeres de 85 organizaciones provenientes de 18 Estados de la República, nos reunimos en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011. Celebramos nuestra segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de nuestras actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año.
En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación.
El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país.
El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho. Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder.
Las mujeres que conformamos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigimos el pleno y cabal cumplimiento de lo que significa un Estado laico, respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
En nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. Por lo que ratificamos nuestros principales compromisos suscritos en nuestra primera reunión, y que son:
1.La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar.
2.La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.
3.La denuncia de aquellos servidores públicos que votaron o voten a favor de las reformas constitucionales; del personal de los servicios de salud que extralimitando sus funciones, juzgan y acusan a las mujeres; a los servidores públicos del sistema de justicia, que aplican criterios personales en lugar de criterios jurídicos.
4.Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.
Para las mujeres que integramos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los derechos de las mujeres, estos compromisos son irrenunciables, fundamentales para lograr una vida digna, lo que para nosotras significa libertad, autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas como forma de desarrollarnos plenamente como personas.
Desde estos compromisos convocamos a todas las mujeres, instituciones, organizaciones políticas y sociales, personas en lo individual, pero sobre todo a las y los representantes de la ciudadanía que nos representan o que nos quieren representar, para construir un país basado efectivamente en derechos que se puedan ejercer, donde las mujeres sean reconocidas como ciudadanas plenas y personas con todos los derechos y no como botines políticos.
Reconocemos que esta ofensiva de la derecha es parte de una ofensiva contra más sectores de la sociedad y que tiene como fin el sometimiento del conjunto de la población y se manifiesta más claramente en el brutal golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato que ha sido un emblema de lucha y resistencia de las y los trabajadores en el país.
En esta reunión, todas las participantes hacemos público nuestro total apoyo y solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular de las mujeres trabajadoras del SME, quienes forman parte activa de este Pacto y reiteramos la exigencia de que se respete su derecho al empleo y salario dignos.
Rechazamos enérgicamente la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres, situación que se ve agravada con la creciente militarización del país, que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico sirve de justificación a las agresiones contra la población, acrecentando la impunidad en estos delitos y en el caso concreto de las mujeres asesinadas por exigir justicia y respeto a los derechos humanos.
¡Alto a la criminalización de las mujeres por abortar!
¡Libertad inmediata a las mujeres presas por abortar!
¡Respeto del Estado laico!
¡Despenalización del aborto en todo el país!

sábado, 15 de enero de 2011

PROTESTA VIRTUAL POR LA JUSTICIA PARA TODAS LAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

Miles de mujeres han sido víctimas de feminicidio en Chihuahua y todo el territorio mexicano y las defensoras de derechos humanos que buscan justicia son continuamente hostigadas, agredidas y amenazadas de muerte, siendo las víctimas más recientes las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez quienes fueran asesinadas en días pasados.

Es por ello que en el marco del llamado de solidaridad internacional que se está llevando a cabo, no sólo en México, sino en la región Latinoamericana, para manifestarnos en contra del crimen de Marisela, Susana y el feminicidio en México, las y los convocamos a enviarle un mensaje al presidente de México, Felipe Calderón; al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; y al gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para exigirles lo siguiente:

·    Justicia inmediata en los asesinatos de nuestras compañeras, las activistas de derechos humanos, Marisela Escobedo y Susana Chávez; así como la procuración de protección y reparación del daño necesarias a sus familias.

·      Lleven a cabo acciones inmediatas que permitan las transformaciones socioculturales necesarias para desnaturalizar la violencia contra las mujeres, abordando el gran desafío ético y político de desestructurar los sistemas de poder que hoy se confabulan para hacer de la violencia sexista un fenómeno cotidiano.


  • PONER UN ALTO A LA VIOLENCIA, Y EN PARTICULAR A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN TODO EL PAÍS. ¡NO + SANGRE!

 ¡Por la vida de las mujeres, basta de feminicidios, basta de violencia machista!

Entra y envía este mensaje, que llegará directo a los correos de los funcionarios en
 http://www.tupuedessalvartuvida.org/nomasfeminicidios/

miércoles, 12 de enero de 2011

"NI UNA MUERTA MÁS"

“Ni una muerta más” fue insignia y destino de la poetisa y luchadora social Susana Chávez, ejecutada la noche del pasado 5 de enero y sepultada ayer en la intimidad familiar. Es el mismo final de la activista Marisela Escobedo, señaló el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson.

El cuerpo de Susana Chávez fue arrojado la madrugada del 6 de enero a las calles Cristóbal Colón y Ramón Corona, en el centro histórico de Ciudad Juárez, luego de ser asesinada dentro de una vivienda de la colonia Cuauhtémoc, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

 La madre de Susana Chávez explicó a medios de comunicación locales que la noche del miércoles de la semana pasada fue la última vez que la vio: “Salió de aquí después de las 10 de la noche, fue al centro... la esperé toda la noche, pero ya no regresó. La busqué el jueves y no la encontré hasta que se movilizaron mis familiares y supimos que estaba muerta, nos enseñaron las fotos y fue del modo que la reconocimos”.

“Sentí dolor antes de que se recrudeciera toda la violencia que estamos viviendo los ciudadanos de esta mi natal Juarez. Pero ahora siento vacío, desamparo e impotencia, supongo que como muchos. Pensar en mejorías para mí está en verde, pero la esperanza la tengo aún porque soy mujer de fe. Viva Juarez! (sic)”, fue lo último que escribió en su blog.

 Miércoles 12 de enero de 2011 Juan Manuel Cruz y Carolina García/ Corresponsal y reportera | El Universal

martes, 11 de enero de 2011

Desechan alerta de género para proteger a Peña Nieto

Gobierno federal minimiza cifra de 922 asesinadas

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 11 ene 11 (CIMAC).- Para proteger al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y no obstante las altas cifras de asesinatos de mujeres en esa entidad, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres descartó por segunda ocasión, la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en una entidad federativa.

En su sesión de hoy, el Sistema Nacional calificó como improcedente la solicitud del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) para investigar la ola de asesinatos dolosos de mujeres en el Estado de México.

El 20 de julio de 2009, el Sistema Nacional rechazó otra solicitud por agravio comparado para Guanajuato, por las reformas que penalizan el aborto en la entidad, pero al igual que esta ocasión, el Sistema descartó la investigación.

Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del OCNF y abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo a Cimacnoticias que este hecho demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Añadió que durante la reunión de hoy el Sistema, presidido por la Secretaría de Gobernación, “los argumentos se politizaron, se habló de que la AVG era un golpe para el gobernador priista y no fundaron la improcedencia en argumentos de hecho o jurídicos”.

En cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922, según datos de la propia Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM). “Pero este hecho no les parece suficientemente grave (a los integrantes del Sistema Nacional) como para iniciar una investigación”, acusó Pérez Garrido.

De acuerdo con la PGJEM, en 2005 se registraron 98 homicidios dolosos de mujeres, en 2006 hubo 138, en 2007 161, para 2008 176, en 2009 ocurrieron 205 y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144. Para colmo, de cada 10 asesinatos dolosos de mujeres 9 están en la impunidad.

En la sesión del Sistema, detalló, cuya Secretaría Ejecutiva es ocupada por el Instituto Nacional de las Mujeres, las y los integrantes “dijeron, incluso, que los tratados internacionales firmados por México, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, no son vinculantes para el Estado de México”.

Además, el Sistema Nacional cuestionó las estadísticas utilizadas por el OCNF en la solicitud de AVG por la violencia feminicida en la entidad, a pesar de que los datos se basan en información proporcionada por la PGJEM.

La improcedencia de la investigación muestra que “las autoridades mexicanas no tienen ningún compromiso con los derechos de las mujeres”. Y envía el “mensaje incorrecto” a la sociedad: “la violencia de género no existe, por lo que ésta no se atiende, ni previene, dejando a las mexiquenses en la indefensión”, lamentó Ana Yeli Pérez.

Con ello, el Sistema, integrado por las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, entre otras, “minimiza los asesinatos de mujeres por su condición de género, pues en el fondo no se trata de si las cifras coinciden, el problema de fondo es que no debe haber una sola mujer que muera por ser mujer”, declaró por separado a Cimacnoticias la ex legisladora Angélica de la Peña.

La también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres indicó que tras el cuestionamiento de las autoridades acerca de la precisión de las cifras, está la falta de voluntad política y de compromiso efectivo para cumplir con las leyes que protegen la vida de las mujeres.

La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y su reglamento fue publicado el 11 de marzo de 2008.

Frente a la decisión del Sistema, integrado también por la Procuraduría General de la República, los institutos estatales de las mujeres y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el OCNF anunció que interpondrá un recurso legal que aún está por definir.

El OCNF, integrado por más de 40 organizaciones del país, ha hecho tres solicitudes para decretar la AVG: Oaxaca y Chihuahua (por violencia feminicida), y Guanajuato (por agravio comparado).