Crea gobierno de México programa antitrata
México, DF, 6 ene 11 (CIMAC)De la redacción .
A tres años de que se aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en el país, la Presidencia de la República publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que crea el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (PNPST) 2010-2012.
El Ejecutivo federal asigna responsabilidades claras a las dependencias y organismos gubernamentales en cuanto a la prevención del delito, la persecución criminal y la protección de las víctimas. Además cuenta con 58 líneas de acción relacionadas con campañas de sensibilización, prevención y denuncia.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que el Programa establece la realización de un “Diagnóstico Nacional del Delito de Trata de Personas”, el diseño e implementación de un sistema para la búsqueda de personas desaparecidas y la celebración de un convenio marco con los estados de la Federación para prevenir y sancionar el delito de trata de personas.
Asimismo se prevé un código de conducta con los medios de comunicación para que se comprometan a “no difundir anuncios que fomenten la trata de personas”.
Se estima que en México casi un millón 200 mil personas son víctimas de la trata, lo que coloca al país en el quinto lugar de América Latina con el mayor número de casos, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC, por sus siglas en inglés).
El organismo ha reportado que de cada 10 personas víctimas de trata al menos dos son menores de edad. También ha señalado que en México hay un aumento de mujeres y adolescentes provenientes de Rusia y Bulgaria que son explotadas, en su mayoría de forma sexual.
A pesar de la existencia de la ley para combatir la trata y de mecanismos para su atención en la Segob y el Congreso, en México “el número de investigaciones y condenas por este delito siguen siendo bajas”, afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos en el Informe sobre Trata de Personas 2010.
La dependencia estadounidense advirtió que los resultados de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas son escasos, ya que sigue habiendo falta de recursos gubernamentales, y sentencias, o castigos severos contra ese delito.
De acuerdo con el “Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, en 2008 -a un año de la entrada en vigor de la Ley de Trata- sólo se iniciaron 24 averiguaciones previas por ese delito. De esas averiguaciones, sólo dos fueron consignadas.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han señalado que existen vacíos en la Ley de Trata que la hacen inoperante, toda vez que en varios estados de la República no se establece una distinción legal entre el tráfico de indocumentados y el delito de trata de personas, por lo que consideran urgente tipificar esta actividad ilícita.
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas entró en vigor el 27 de noviembre de 2007, la cual establece entre sus disposiciones la responsabilidad del Presidente de la República de crear un Plan Nacional para atender el problema.
El Ejecutivo federal asigna responsabilidades claras a las dependencias y organismos gubernamentales en cuanto a la prevención del delito, la persecución criminal y la protección de las víctimas. Además cuenta con 58 líneas de acción relacionadas con campañas de sensibilización, prevención y denuncia.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que el Programa establece la realización de un “Diagnóstico Nacional del Delito de Trata de Personas”, el diseño e implementación de un sistema para la búsqueda de personas desaparecidas y la celebración de un convenio marco con los estados de la Federación para prevenir y sancionar el delito de trata de personas.
Asimismo se prevé un código de conducta con los medios de comunicación para que se comprometan a “no difundir anuncios que fomenten la trata de personas”.
Se estima que en México casi un millón 200 mil personas son víctimas de la trata, lo que coloca al país en el quinto lugar de América Latina con el mayor número de casos, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC, por sus siglas en inglés).
El organismo ha reportado que de cada 10 personas víctimas de trata al menos dos son menores de edad. También ha señalado que en México hay un aumento de mujeres y adolescentes provenientes de Rusia y Bulgaria que son explotadas, en su mayoría de forma sexual.
A pesar de la existencia de la ley para combatir la trata y de mecanismos para su atención en la Segob y el Congreso, en México “el número de investigaciones y condenas por este delito siguen siendo bajas”, afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos en el Informe sobre Trata de Personas 2010.
La dependencia estadounidense advirtió que los resultados de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas son escasos, ya que sigue habiendo falta de recursos gubernamentales, y sentencias, o castigos severos contra ese delito.
De acuerdo con el “Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, en 2008 -a un año de la entrada en vigor de la Ley de Trata- sólo se iniciaron 24 averiguaciones previas por ese delito. De esas averiguaciones, sólo dos fueron consignadas.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han señalado que existen vacíos en la Ley de Trata que la hacen inoperante, toda vez que en varios estados de la República no se establece una distinción legal entre el tráfico de indocumentados y el delito de trata de personas, por lo que consideran urgente tipificar esta actividad ilícita.
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas entró en vigor el 27 de noviembre de 2007, la cual establece entre sus disposiciones la responsabilidad del Presidente de la República de crear un Plan Nacional para atender el problema.
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