Por Nashieli Ramírez*
México, DF, 12 abr 11 (CIMAC).- El martes pasado, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional daban cuenta de las declaraciones vertidas en el seno del Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de las Naciones Unidas, en donde se señalaba la incapacidad de México para perseguir y procesar a los responsables de la trata de personas.
No es la primera vez en este año que nuestro país recibe señalamientos relacionados con este tema, ya que a éstos habría que sumar las recomendaciones preliminares en febrero pasado en el marco de las recomendaciones por el informe del gobierno mexicano sobre el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños/as, la prostitución infantil y la utilización de niños/as en la pornografía.
El Comité de los Derechos del Niño centra la atención en la agenda pendiente para asegurar la protección de las niñas de la Trata y de la Explotación Sexual Comercial Infantil.
Señala, entre otros puntos, la necesidad de contar con un sistema de recolección de datos, de análisis, de supervisión y de impacto de la trata, prostitución y pornografía infantil.
Los datos deben de ser desagregados, entre otros indicadores, por sexo, edad, nacionalidad y origen étnico, estado y municipio, nivel socioeconómico, con particular atención a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Y dar cuenta de los procesamientos y consignaciones penales.
Y es que en nuestro país las estimaciones de niñas y niños víctimas de explotación y trata van desde 16 mil hasta 80 mil. Y mientras el gobierno reporta la existencia de 310 sitios mexicanos de pornografía de niños y niñas, otras fuentes hablan de hasta cinco mil de hechura nacional.
El gobierno mexicano también es omiso en la generación de leyes que específicamente castiguen la venta de niñas y niños, que es similar a la trata, pero no idéntica. Es así como solamente se castiga como delito la venta de infantes y adolescentes en el estado de Quintana Roo.
Hoy México es considerado uno de los principales destinos mundiales de turismo con fines de explotación sexual comercial, fama que lo ha hecho acreedor al título de “el Bangkok de Latinoamérica”.
Al respecto se le está observando al Estado mexicano la necesidad de implementar códigos de conducta con la industria del turismo, para combatir eficazmente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la industria de los viajes y el turismo, al tiempo que se que investigue, procese y castigue correctamente este delito.
La agenda de pendientes es larga: leyes, presupuestos, educación y también asegurar que todas las víctimas tengan garantizado procedimientos adecuados y reparación del daño; que reciban la protección adecuada y la ayuda especializada en todas las áreas de acuerdo con el protocolo y las directrices de la ONU sobre justicia en las materias que implican niños/as víctimas y a los testigos del crimen.
Finalmente habrá que sumar la trata con fines de explotación laboral, en donde tenemos documentado niñas centroamericanas explotadas en trabajo doméstico en la región del Soconusco, en Chiapas, o niños encerrados haciendo bolsas para cadenas comerciales en pleno Distrito Federal.
Como se puede ver junto con las mujeres y los migrantes, los niños y en especial las niñas y las adolescentes son los grupos poblacionales de mayor riesgo. Algo tendremos que hacer para que esto continúe en las primeras planas.
*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.
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