Por
Sara Lovera
La LXII
Legislatura que iniciará en septiembre próximo, contará con casi 37 por ciento
de mujeres de seis distintos partidos políticos. En total 183, según el
análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG), cifra que podría variar a favor o en
contra, tras procesos que están en disputa.
Esto es ocho
puntos porcentuales más que en la actual legislatura. Ello, dice el CEAMEG,
sólo y nada más porque los partidos políticos fueron sentenciados por el TRIFE
a simplemente cumplir con la ley. Los partidos siguen en actitud de resistencia
para otorgar en tiempo y forma el 2 por ciento de sus ingresos -prerrogativas
de ley- para asegurar la capacitación de nuevas líderes. Además de sus
tradicionales mecanismos de control o su ignorancia supina respecto a los
derechos de las mujeres.
También los partidos,
cuellos de botella para la participación política de las mujeres, si los
dirigen los hombres tradicionales, pondrán escollos para avanzar en hacer
efectivas leyes que hoy son solamente de papel y que podrían ser aplicadas,
mitigar el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres y hacer
efectivos los derechos sexuales y reproductivos. Una demanda central es
legalizar el aborto.
Del PRI y Verde,
si logran tener acuerdos en el Congreso, habrá 83 mujeres que pueden no tener
la misma visión, pero si alianza; de la izquierda 50 mujeres y de la derecha
tradicional 36. Es decir un cúmulo de mujeres que podrían hacer la diferencia.
Se ha llegado a sólo 4 dígitos del 40 por ciento de ley, pero al mismo tiempo
esta vez se rebasó el ansiado 30 por ciento que ha propuesto la ONU como mínimo
para asegurar una masa crítica femenina en las cuestiones de Estado.
Lo grave de este
asunto es que muchas mujeres llegan a las cámaras sin ningún interés por los
derechos humanos de las mujeres. Con franjas de desconocimiento elemental sobre
éstos y con visiones distorsionadas de la oportunidad de poder usar su curul y
la tribuna para empujar y resolver los problemas de la desigualdad. No se
trata de que lleguen y ya. Esto es un pendiente histórico.
Si la gran
mayoría de las que serán diputadas pertenecen a institutos políticos conservadores,
como PRI/PVEM/PAN, no podemos estar muy contentas. Todas las que vienen de esta
ideología torcida serán 123, o sea, la perspectiva es más bien negativa frente
al tamaño del reto, aunque podríamos pensar que muchas pueden actuar con
autonomía.
La última
encuesta de INEGI, sobre violencia indica que cerca de 18 millones de mexicanas
sufren algún tipo de violencia en sus hogares, sin considerar los millones de
mujeres afectadas por la cadena de violencia institucional, los apresamientos
ilegales, las desapariciones, las asesinadas (más de 2 mil al año) y por
supuesto las que viven violencia por el sólo hecho de ser pobres, indígenas o
sin opciones por edad, etnia o condición social y familiar.
LAS CIFRAS Y LOS
RETOS
Las mujeres que
ganaron en elecciones de mayoría, votadas por quienes acudieron a las urnas el
1 de julio, son 91 y 92 llegarán por la vía de las listas plurinominales.
En la
mayoría, 45 por la colación PRI-Verde; 18 más por el PRI; del Frente
Progresista
(PRD-PT-MC) 20 mujeres, y 8 del Partido Acción Nacional.
Las que llegaron
por lista (92), la mayoría fue de Acción Nacional con 28; luego el PRI con 23;
PRD con 21; el Partido del Trabajo llevará cinco; el Movimiento Ciudadano
cuatro, y por la votación conseguida el Partido Nueva Alianza, otras cinco,
ninguna de ese partido ganó de mayoría.
Es decir, habrá
una bancada femenina muy plural, que afrontará nuevos retos especialmente lo
que significa desafiar a sus entidades de la República para armonizar las leyes
de violencia e igualdad en códigos, constituciones, reglamentos, ideas, muy
desiguales y que con frecuencia significan atajos para lograr poner en práctica
lo que se acuerda desde el centro. Un gran problema.
Las fuerzas
femeninas y los abogados del país, en entidades muy dispares, no reconocen que
la máxima ley para garantizar la igualdad y los derechos humanos a las mujeres
es la Constitución, avanzada años luz respecto de las
Legislaciones locales.
El otro problema
que las diputadas tendrán que enfrentar es cómo llegar a un acuerdo para
presidir las comisiones estratégicas. La de Feminicidio, la de Equidad y
Género, el partido que dirigirá el CEAMEG y otras comisiones tan importantes
como desarrollo social, salud, migración, población, seguridad y presupuesto
donde las mujeres con conciencia de mujeres podrían hacer la diferencia.
Ello no significa
desaprobar la importancia simbólica de esta bancada de 183 mujeres, tras muchos años en que las mujeres no llegaban a
más del 20 por ciento, las que se ganaron el nombre de
juanitas por renunciar inmediatamente para dejar el
lugar a un varón ?lo que no se podrá hacer hoy- y la sensación de incomunicación sistemática, por la falta de interés en las
cosas de la mitad de la población.
Algunos grupos de
mujeres ya festejan estos números. Los muchos años de esfuerzos de las
organizaciones no gubernamentales por promover la ciudadanía femenina están dando
frutos.
Lo contrario a
esta sensación satisfactoria, es saber que lo que en el país se juega en estos
tiempos, es la gobernabilidad, la violencia y, por supuesto, la democracia.
Saber que el proceso presidencial es al menos ilegítimo, porque precisamente en
la venta y coerción del voto, las mujeres del pueblo fueron fundamentales, su
doble carga, su dependencia milenaria y su pobreza, no las coloca como actoras
para la democracia sino todo lo contrario. Este también es un escollo que no se
puede evadir. No festejar, sino asumir el tamaño del problema del país, es lo
que ahora toca. Veremos.
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