COMUNICADO de Prensa:

La Agenda Feminista Jalisco, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM), la Red por los derechos sexuales y reproductivos (DDESER Jalisco),Yocoyani, A.C, Amigos en el crucero, A.C. y las mas de 50 organizaciones y las más de 90 personas que a título individual suscribimos el presente pronunciamiento, rechazamos enérgicamente cualquier forma de criminalización de la protesta social y denunciamos las múltiples violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto las y los detenidos el pasado primero de diciembre en Guadalajara, Jalisco.
En la manifestación pacífica convocada por diversas organismos sociales el 1 de diciembre contra la imposición del Gobierno de Enrique Peña Nieto en la ciudad de Guadalajara, se suscitaron hechos considerados vandálicos realizados por gente provocadora que se infiltró en una marcha pacífica para desestabilizar la misma. Los elementos policíacos que acompañaban la marcha, nada hicieron para detener a los responsables en el momento adecuado, es decir cuando dañaban los edificios del PRI y Televisa, lo que manifiesta la incapacidad de la autoridad para actuar y la ausencia de protocolos de acción en situaciones críticas.
No se detuvo en el momento a los responsables de los daños ocasionados a los edificios del PRI en Jalisco ni de Televisa, a pesar de que se encontraban elementos policiacos y nada hicieron para detener a los responsables.
Fue hasta que se encontraban las y los jóvenes en las inmediaciones de la Expo en donde los cuerpos de seguridad de la policía de Guadalajara tendieron una trampa para encajonar a las y los manifestantes que seguían su marcha pacífica y se procedió a la realización de detenciones ilegales y a la represión, mediante el uso desproporcional de la fuerza pública sobre todo contra las mujeres, de este derecho ciudadano a expresarse y manifestarse libremente.
El grueso del contingente marchaba de manera pacífica, había familias, niñas, niños, mujeres embarazadas y solo un grupo pequeño de provocadores tiraron piedras y causaron los daños sin que ninguna autoridad interviniera para su detención de manera oportuna y efectiva.
En este contexto no podemos permitir que el Gobierno municipal de Guadalajara, viole los derechos humanos de las personas que de manera pacífica expresan su inconformidad y su rechazo ante cualquier acontecimiento, no podemos permitir que se detenga de manera arbitraria y mediante el uso de la fuerza a cualquier persona que siendo o no manifestante se encuentre en las inmediaciones de los hechos, no podemos permitir que se prive de la libertad a quienes no se les comprueben actos delictivos o vandálicos y tampoco podemos dejar de denunciar enérgicamente el uso de violencia de género que se utilizó en contra de las mujeres detenidas el 1 de diciembre, expresada en lenguaje sexista y lascivo contra ellas, en violencia sexual manifestada en toqueteos, agarrones e insinuaciones verbales de que han sido objeto.
Por lo tanto y con motivo de la represión ejercida por las autoridades del Estado de Jalisco contra manifestantes del 1 de diciembre en la Ciudad de Guadalajara, nos declaramos en contra y protestamos enérgicamente por:
1. las violaciones a los derechos humanos cometidos contra las y los manifestantes del 1 de diciembre en Guadalajara.
2. El uso de la fuerza física desproporcionada hacia las y los manifestantes y las personas que sin estar en las manifestaciones fueron detenidas.
3. Por el mensaje de represión que las nuevas autoridades y las fuerzas públicas han enviado con las detenciones de quienes tienen el derecho constitucional a manifestarse y a protestar.
4. Por no cubrir el protocolo legal para las personas detenidas hayan cometido o no los delitos de los que se les acusa.
5. Por ejercer violencia de género contra las mujeres detenidas al tratarlas de física y verbalmente de manera lasciva y violenta.
6. Repudiamos enérgicamente que criminalicen el derecho de la ciudadanía a la manifestación y a la protesta.
7. Por la inactividad, ausencia y complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Exigimos:
1. Que sigan los procesos conforme a derecho y se libere de toda responsabilidad a quienes sólo hacían uso de su libre derecho a manifestarse.
2. Que se investigue la inclusión de personas extrañas al movimiento o a la protesta misma y que fungieron como provocadores, para que se deslinden responsabilidades y se señale directamente a quienes hayan sido responsables de esta provocación.
3. Que se investigue y castigue a los agentes policiacos que participaron durante y después de los hechos, incluyendo el Secretario de seguridad ciudadana de Guadalajara, quien dio la orden de reprimir a las y los manifestantes.
4. Que se respeten y garanticen los derechos de todas y todos los sujet@s a proceso.

Nos pronunciamos y
Expresamos un firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del municipio de Guadalajara y por los abusos en las detenciones de las y los manifestantes con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social que tenemos en el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Rechazamos las múltiples violencias de género sufridas por las mujeres detenidas.
Nos solidarizamos con las y los presos políticos del 1º de diciembre del 2012 de la ciudad de México, que al igual que las y los de aquí, fueron víctimas de una redada indiscriminada de las fuerzas policiacas-represivas del gobierno del Distrito Federal, inmediatamente después de los hechos violentos considerados delictivos derivados de las expresiones de inconformidad por la forma como fue impuesto por los poderes fácticos de la nación mexicana Enrique Peña Nieto.
Organizaciones:

Agenda Feminista Jalisco (AFJ)
Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM)
Red por los derechos sexuales y reproductivos (DDESER Jalisco)
Yocoyani, A. C.
Amigos en el crucero, A.C.
Brigada Martín Baro
Colectivo Bolivariano, Oaxaca. (MBP-M)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"
Marcha de las Putas DF.
Movimiento de Caderas.
Observatorio de Violencia Social y de Género Puebla-UIA
Programa de Género y VIH
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ
U. Iberoamericana Puebla
Academia Morelense de Derechos Humanos,
Litigio estratégico e incidencia en derechos humanos a.c,
Comité organizador de la marcha de diversidad sexual, convergencia 8 de marzo. Morelos
JASS Mesoamérica
Coordinadora Regional
Modemmujer. AC.
Pacto Nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres
Red mesa de mujeres de Ciudad Juárez
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.Chihuahua, México
Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU udg)
Colectivo Feminista Socialista ROSA CHILLANTE
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos"
Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.
Feministas Socialistas
Colectivo ¡Queremos seguir vivas!
Academia hidalguense de educación y derechos humanos.
Colectiva: arte, comunidad y equidad A.C.
Grupo de Articulación Justicia en Juárez.
Espolea, A.C.
Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C.
GDL en bici A.C.
Tamaulipas diversidad vihda Trans A.C.
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. ITESO
CEPAD, A.C.
MujeresNet.info.
Diálogos Interactivos, A.C. (DIRAS)
Mujeres en Durango AC
Tu Techo Mexicano de Occidente A.C.
Mujeres Unidas:Olympia De Gouges, A.C.
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Asociación de Mujeres Organizadas
Ciudad para todos, AC
Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C. del estado de Oaxaca.
Red de investigaciones arquitectónicas para Latinoamérica
Colectiva con Letra F
Mujeres Por México

A título individual:

Alejandra Cartagena Jiménez
María Guadalupe Ramos Ponce
Fabiola Morales Salazar
Rossana Reguillo
Julia Escalante
Martha Figueroa
Imelda Marrufo
Patricia Bedolla
Violeta Luna
Katia Díaz López
María Belem Salas Salazar.
Virginia Georgina López Osorio
María Elena Ramírez Avendaño
Nallely Ortiz Jiménez
Adriana Cruz Carrera.
Julia Escalante De Haro
Marusia López Cruz

Beatriz E Cavazos S.
Rosario González arias
Gabriela López Agüero

Edith López Hernández
Patricia García Guevara
Silvia Pérez Yescas
Marta Tagle
Minerva Valenzuela
Alma Gómez Caballero
Georgina Martínez Antúnez de Eunice Michel Díaz
Rosa María González Carranza
Claudia Martínez Medrano
Jaime Arias Amaral
Aimé Jezabel
Clara G. Meyra Segura
Norma Mogrovejo

Nadín Reyes Maldonado
Romina Martínez Velarde
Jorge Gastón Gutiérrez Rosete
Guadalupe Carmona
Eduardo Reyes Lara
Patricia Ortega
Verónica Marín
Gabriela Aguilar
Adelaida Salas
Rocío del C. Ascencio
Martha Villaseñor Farías
Verónica Corchado
Paula Regueiro Noriega
Patricia Puga
Cecilia García Ruiz
Dulce María López Vega
Gloria Tello Sánchez,
Bertha Elena Munguía Gil
Nadia Rosas Chávez
Carmen García García
Yeriel Salcedo Torres
Ángeles Márquez Gileta
María Eugenia Hernández
Gabriela Delgado
Liliana Vianey Vargas Vásquez
Ana Karen López Quintana
Rosa Evelia Villarruel Figueroa
Ruth Vanessa Barajas navarro
Carlos Peralta Varela
Elsa Lever M.
Adelaida Salas
Rocio Rodríguez Alayola
Melisa Morán Esteva
Laura Gutiérrez López
Sebastián Ramírez Mendoza
Ignacio Ulloa Gómez
Alicia Mendoza Guerra
Sandra Peniche
Carmen Alicia Vera Juárez
Mtra. Edith Mendieta Mendieta
Daniela Francisca Díaz Echeverría
Irma de la Cruz Vázquez
Lilia Meza Fuentes
Adriana Luna parra
Lourdes Enríquez.
Felipe Reyes Lara
María Elena de la Torre Escoto
Paola Cabello Montaño
Guadalupe Morfín Otero
Isabel González Barba
Clara G. Meyra Segura
Laura Tatiana Herrero.
Sara Lovera
Alma Graciela Fuentes Fierro
Rosa María Laguna Gómez
Elizabeth Prado
Ismael Ramírez Villaseñor
Luz Elena Rosas Hernández

Por un ESTADO que cumpla con los DERECHOS de las MUJERES

Ya es hora, es tiempo!!

http://www.cladem.org/yaeshora/materialesdecampana.html 

CLADEM[i]

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe: A 20 años de la Conferencia de Cairo[ii]

Documento de posición ⁱ

“En los países de América Latina, la pugna por la vigencia de los DSR es fuerte debido a la transformación de enfoques y prácticas culturales y religiosas que la misma implica.”[iii]

Introducción

Desde hace más de 20 años, CLADEM monitorea los tratados internacionales y regionales de DDHH y desarrolla acciones para incidir en sus procesos de modo de garantizar los DDHH de las mujeres. En ocasión del seguimiento de Cairo+20, hace un llamado a los Estados de la región para que cumplan con las obligaciones pendientes que tienen con las mujeres y las adolescentes y niñas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Son deudas pendientes según los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos de CPD, ODM y Beijing y de los compromisos asumidos con la ratificación de los respectivos tratados y convenciones a nivel internacional y regional. Recordamos que, además, han sido reclamadas reiteradamente por los Comités Monitores, así como por organismos de la sociedad civil y del movimiento de mujeres a lo largo de varias décadas. De esta manera, CLADEM da continuidad al trabajo que viene realizando en el marco de dos de las campañas que impulsamos en alianza con varias organizaciones y redes en la región:

·     Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Iniciada en 1999, nuclea a personas –hombres, mujeres, jóvenes y personas transexuales, de todas las edades, razas y colores– que piensan que la libertad y la equidad en estos campos de la vida humana deben ser garantizados para todos, sin ningún tipo de discriminación. Fue motivada por el convencimiento de que estos derechos no son suficientemente sostenidos por los Estados nacionales, que son influidos por sectores conservadores –incluyendo a las jerarquías de las religiones predominantes, en particular la iglesia católica– y por ello busca crear un instrumento regional de ddhh que pueda garantizarlos. Articula a las principales redes feministas y activistas de la diversidad sexual de la región, y mantiene articulaciones pluralistas en los países que han adherido.[iv]

·     Campaña de Deudas Pendientes. Campaña impulsada por CLADEM en alianza con otras redes[v] que busca promover el cumplimiento de las obligaciones pendientes que tienen los Estados de la Región, derivadas de recomendaciones, sentencias, observaciones finales y otros mecanismos del derecho internacional, provenientes de órganos internacionales, emitidos para que cumplan con los derechos de las mujeres.[vi]

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ⁱ Documento de posición elaborado y presentado en el marco de la 45º sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, del 23 al 27 de abril de 2012, en la Sede de las Naciones Unidas. Nueva York, EE UU

[i] Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Misión: CLADEM es una organización regional que articula a personas y organizaciones feministas de América Latina y el Caribe. Desde un enfoque jurídico político, busca aportar a la transformación social y a la construcción de democracias radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual y social, para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres. www.cladem.org

[ii] Abarcamos en este análisis a los países de Latinoamérica y el Caribe de habla hispanoparlante: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela todos estos países han firmado el Plan de Acción del Cairo y la Declaración del Milenio.

[iii] CLADEM. “Diez Años de avances legales después del Cairo”. Lima, 2004.p.9

[iv] Ver: http://www.convencion.org.uy/

[v] Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC).

[vi] Ver: http://www.cladem.org/yaeshora/

Esferas de especial preocupación para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

1.       Políticas públicas en sexualidad y reproducción. Servicios de salud públicos de nivel nacional y local. Si bien en estos 20 años se observan avances -muchos países tienen normativa y programas de salud sexual y reproductiva[i] -, siguen existiendo falencias. Por ejemplo, en la sanción de normativa de alto nivel, así como en el diseño, evaluación y efectiva implementación (de manera sistemática) de servicios de calidad: cercanos geográficamente para la población, con horarios amplios, con perspectiva de género, gratuitos, amistosos y que respeten la autonomía de usuarios y usuarias. Nuestra región atravesó, en la década de los 90, procesos de reforma del sector salud que estuvieron fundamentalmente orientados a la descentralización, achicamiento de las responsabilidades y presencia del Estado, y reducción presupuestaria. Los servicios públicos han quedado desarticulados, fragmentados y heterogéneos. Dentro de ello, los correspondientes a la sexualidad y reproducción son considerados, en muchos casos, como secundarios. Los/as adolescentes suelen enfrentar particulares problemas en este tema, en particular cuando concurren la consulta sin la compañía de adultos.

2.       Participación de la sociedad civil en su formulación, monitoreo y evaluación. Es sabida la importancia de que esto se implemente de manera sistemática. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos de la región prefieren mantener la sociedad civil a distancia y no otorgarle capacidad de decisión. En la mayoría de los países, las mujeres no tienen canales de acceso para obtener información o realizar denuncias por la mala atención recibida o por la violación a sus derechos.

3.       Cuestiones presupuestarias. En los países federales, la doble responsabilidad (nacional y provincial/estadual/local) no implica que las niñas, jóvenes y mujeres adultas tengan siempre el acceso asegurado a los servicios, sino que se traduce en la falta de coordinación. Se observan desigualdades estructurales del sistema de salud para igualar oportunidades.

4.     Acceso a métodos anticonceptivos (MACs). No todos los países de la región tienen programas de entrega gratuita de todos los MACs existentes: de barrera, hormonales o quirúrgicos. En muchas ocasiones se exigen requisitos no válidos para algunos de ellos, en particular para la ligadura de trompas (cierto número de hijos, autorización del cónyuge o pareja). Se implementan métodos informales de disuasión por parte del equipo de salud, cuyas decisiones suelen estar determinadas por sus propias convicciones personales más que por las normativas legales o de las políticas públicas. El MAC más resistido es la AHE (Anticoncepción Hormonal de Emergencia) cuyo uso, en muchos países, sufre restricciones. En Honduras su sido recientemente prohibido y penalizado al asimilarlo al aborto.

5.     Prevención y asistencia en vih-sida. Desde el comienzo de la enfermedad, en que la relación era aproximadamente 86 hombres infectados por cada persona de sexo femenino, la epidemia se ha ido feminizando y se acerca a ser más de un tercio de los casos diagnosticados. El contacto heterosexual de alto riesgo fue el origen del 80% de estas nuevas infecciones diagnosticadas[ii].

6.     Objeción de conciencia. Es en general reconocido por los Estados de la región como un derecho personal, por parte del equipo de salud, a no ejecutar lo que violenta sus convicciones. Sin embargo, resulta claro que los servicios públicos no pueden ser objetores de conciencia. La falta de normativa clara en el tema, en la mayoría de los países, facilita esta situación; muchos profesionales realizan en sus consultorios aquellas prácticas que niegan a las usuarias de los servicios públicos.

7.       Morbi-mortalidad materna derivada de abortos practicados en condiciones de riesgo. Es sabido que el aborto practicado en condiciones seguras es una de las intervenciones quirúrgicas de menor riesgo, incluso menor que un parto. También se sabe que la principal causa de la muerte materna es el aborto clandestino por su condición de ilegal (alrededor del 30 al 40% de las muertes, en países en desarrollo). También es conocido que según OMS, UNICEF y FNUAP (2003), la MM en países en desarrollo es desproporcionadamente alta en relación a los países desarrollados.[iii]  Hay 10 países de la región, con cifras de la razón de la mortalidad materna mayores de 100 por 100.000 nacidos vivos. Afectan particularmente a los estratos más pobres de la población: mujeres pobres, desposeídas, analfabetas, que viven en áreas rurales o en condiciones de marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a poblaciones indígenas y grupos de adolescentes, cuyos embarazos no han sido planificados y/o son producto de violaciones y abusos sexuales.

8.       Acceso al aborto no punible. En nuestra región (donde el aborto está penalizado salvo en Cuba, Puerto Rico y México DF), la mayoría de los países tienen causales por los cuales no es punible. Por su parte, Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y alrededor de 16 Estados de México,[iv] no admiten causales eximentes. Por otro lado, aún los países que tienen causales de eximición de pena vigentes, las prácticas no se ejecutan en tiempo y forma. Se judicializan sin razón, se deja pasar el tiempo, y en algunos casos prácticamente se “secuestra” a las niñas (esto ocurre particularmente en niñas menores de 15 años), se presiona, asusta o corrompe a la familia para impedir que este aborto legal se efectivice. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido un fallo que legitima el aborto por violación en todos los casos.[v]

9.       Despenalización y legalización del aborto. Se registra en la región un fuerte ascenso de los movimientos de mujeres que activan por la interrupción voluntaria del embarazo; es decir, su despenalización y legalización. Argentina con la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Uruguay en pleno proceso de discusión parlamentaria[vi]; México con la despenalización en su ciudad capital; Colombia en la ampliación de las causales, (aunque actualmente sufre un embate para su retroceso). Sin embargo, en los países[vii] que no tienen causales eximentes, la situación se ha agravado fuertemente. Nuestra evaluación es que nuestros Estados y sus funcionarios políticos son fuertemente sensibles a presiones de todo tipo, y muchos de ellos consideran que deben seguir exclusivamente sus propias convicciones sin tener en cuenta las demandas de la sociedad civil.

10.   Legislación contra las lesiones o sobre protección del concebido. Esto ha ocurrido en varios países (Colombia, Salvador, Nicaragua, Perú, Argentina, Costa Rica, Nicaragua,) y, si bien no parece tener consecuencias muy específicas, forma parte del avance de los sectores conservadores para recortar el derecho de las mujeres a su cuerpo, así como su autonomía reproductiva. Todo recorte a la autonomía reproductiva de las mujeres provocan severos daños psíquicos y físicos a las mujeres, y también la muerte.

11.   Educación Sexual Integral en las escuelas. Si bien existe normativa legal en muchos países, la implementación concreta tiene severas fallas. En muchos casos no se realiza, violentando las leyes; en otros, los programas son elementales, biologicistas, no abarcan todos los temas. Gran parte de la resistencia proviene del mismo personal docente, y de las autoridades del sistema educativo[viii]. La capacitación docente en general continúa siendo insuficiente, ya que requiere sistematicidad a mediano plazo.

12.   Violencia: abuso sexual. Dado que nuestra identidad y nuestros cuerpos son sexuados, toda violencia de género es sexual, en particular la dirigida a mujeres, jóvenes y niñas. Actualmente es más visible y presente que en años anteriores. Se han registrado avances, a través de modificación de algunos códigos penales en los que se agravan las penas para abuso sexual. También se ha tendido a eliminar el avenimiento[ix]. Sin embargo, la violencia parece ir en aumento, todos los países de la región cuentan con leyes, pero éstas tienen un bajo nivel de efectividad. La razón principal es que se trata de una problemática multidimensional que requiere de la articulación de muchas diferentes áreas y niveles de los Estados: los sistemas de salud, fuerzas de seguridad, protección social, trabajo, educación, jurídico, etc. También es necesario recordar que en situaciones de conflicto armado, las mujeres son víctimas centrales porque se utilizan para humillar o desmoralizar al enemigo, o –en el caso de los embarazos forzados– para colonizarlo de hecho. Existen convenios, convenciones y el Auto 092 en Colombia, por ejemplo, pero todos ellos tienen un escaso cumplimiento. La situación se agrava cuando se refiere a mujeres, adolescentes y niñas/os. Asimismo, esto guarda estrecha relación con muchos casos de feminicidios y su impunidad.

13.   Violencia: explotación sexual. Está en crecimiento, aunque en muchos países de la región se han registrado avances legislativos (declarándolo delito federal, agravando las penas, incluyéndolo como tipo penal, penalizando al usuario o cliente de adolescentes (Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Perú, Puerto Rico). También se han mejorado los procedimientos de investigación y procesamiento del sujeto activo, y se han hecho esfuerzos para atender y proteger a las víctimas. Sin embargo, todas estas medidas parecen ser poco eficaces, probablemente porque la explotación sexual requiere siempre de la complicidad de las fuerzas de seguridad, y los gobiernos parecen no tener control total sobre ellas. También el sistema jurídico debe ser concientizado. Por otro lado, no se implementan políticas de prevención; por ejemplo, la educación sexual y la creación de oportunidades laborales que podrían colaborar para disminuir este flagelo.

14.   Violencia: trata y tráfico de mujeres. Según ACNUR, se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años a nivel mundial debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados⁹. Ocupa hoy el segundo lugar en el ranking de ganancias (de millones de dólares) del crimen organizado internacional, detrás del tráfico de drogas y por encima del tráfico ilegal de armas; y se presume que la tendencia es que alcance el primer lugar. Aunque sus objetivos son varios, la explotación sexual es uno de los centrales. Sus principales víctimas: niñas y niños, y mujeres. Existe un marco jurídico internacional que lo regula.[x]  Una de sus particularidades es que necesariamente deben corromper a agentes del Estado -específicamente a las fuerzas de seguridad– encargadas de su control.

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Recomendaciones a los Estados, encarando los derechos sexuales y reproductivos como políticas de Estado a largo plazo:

1.       Crear e implementar de manera eficaz políticas públicas y programas para atender la salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y la laicicidad. Monitorearlos para garantizar servicios de calidad gratuitos, que guarden confidencialidad, accesibles a toda la población, que respeten las particularidades en cada etapa del ciclo vital, -en particular para los/as adolescentes - la autonomía de usuarios/as, sus preferencias y orientaciones sexuales, y su pertenencia étnico-cultural. La confidencialidad es crucial para muchos grupos, en particular para jóvenes y adolescentes. Para todo ello, es necesario capacitar al personal de salud de manera permanente. Deben contemplar asesoramiento e información comprensible, entrega de MAC, servicios de reproducción asistida, atención y prevención de cáncer genito-mamario; prevención y atención de VIH/SIDA, y enfermedades de transmisión sexual. Debe abarcar todo el ciclo vital, desde niñas y adolescentes hasta la tercera edad; y abordar también las necesidades específicas de los grupos de la diversidad sexual.

2.       Facilitar a la sociedad civil el acceso a la información y a las decisiones, estimulando por ejemplo la formación de mesas de trabajo mixtas (sociedad civil-Estado) que funcionen de manera permanente. Crear canales para que usuarios/as canalicen demandas, consultas o denuncias.

3.       Asegurar presupuestos suficientes y permanentes para garantizar todas las prestaciones previstas y necesarias.

4.       Garantizar la amplia distribución de todos los medios anticonceptivos existentes que se encuentran aprobados por OMS y OPS, de manera gratuita, sin exigir requisitos que no corresponden. Deben asimismo asegurar la libre opción de mujeres y/o parejas sobre el MAC de su preferencia; garantizar que reciban la información necesaria de manera comprensible, y respetar su autonomía al respecto.

5.       Realizar campañas de difusión permanentes para la prevención del vih-sida; proveer a toda la población de formas accesibles para realizar detección temprana; proveer medicamentos gratuitos a la población infectada; prohibir expresamente toda forma de discriminación hacia quienes lo padecen.

6.       Dictar normativas claras sobre requisitos para la objeción de conciencia, estableciendo que los servicios deben prever personal que no la presente, de modo de prestar siempre los servicios requeridos. Se recomienda la creación de registros nacionales de objetores y la eliminación de esta opción para personal que se incorpore a futuro a los servicios públicos de salud. Los objetores no podrán prestar el servicio que han objetado, en su práctica privada.

7.       Garantizar una correcta atención del aborto en curso y posaborto, humanizada y de calidad, que incluya consejería, asesoramiento y entrega o colocación de MAC en el curso del posaborto.

8.       Los Estados que poseen normativa que contempla causales para la despenalización del aborto, deben garantizar su efectivización en tiempo y forma. Deben generarse protocolos de atención de nivel nacional, otorgarle jerarquía normativa (como por ejemplo resolución ministerial) y garantizar su aplicación en todas las instancias. Estos protocolos deben establecer que se trata de una práctica privada que debe ser resuelta en la privacidad de la consulta médica (tal como lo especifica el dictamen del Comité de DDHH ONU en el caso LMR de Argentina)[i] y no debe judicializarse. Aquellos magistrados judiciales que indebidamente obstaculicen el normal proceso de la práctica médica deben ser objeto de sanciones, lo mismo que el personal médico que incurra en acción semejante.

9.       Promover el debate parlamentario amplio y democrático sobre la legalización del aborto por decisión de la mujer, con la inclusión de las voces de la sociedad civil. Llevar adelante encuestas independientes para relevar la opinión de la ciudadanía y avanzar en la línea que éstas muestren.

10.   Abstenerse de crear figuras inespecíficas, como “el Día del Niño por Nacer” ya que atentan contra la autonomía femenina y sus derechos a disponer de su cuerpo.

11.   Implementar programas sistemáticos de educación sexual integral, en el marco de los DDHH, con perspectiva de género y sin pregnancia biologista. Que incluyan la dimensión de la autonomía y el derecho al placer. Dictados desde el nivel inicial hasta finalizar el nivel secundario, con contenidos adecuados a las problemáticas de cada etapa etaria. Deben ser difundidos entre padres y familias del alumnado, señalando que la información completa y adecuada tiende a hacer disminuir las conductas de riesgo y prevenir los abusos sexuales de niños por parte de adultos.

12.   Sancionar leyes abarcadoras y transversales para abordar de manera multidimensional el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, en particular la violencia sexual. Crear programas y políticas que articulen acciones inter áreas y niveles; capacitar sus fuerzas de seguridad en temas de DDHH y perspectiva de género; elaborar y aplicar protocolos de atención para las víctimas, que incluyan la provisión y aplicación de anticoncepción de emergencia y antirretrovirales. El aborto de un embarazo producto de violación debería ser no punible en todos los casos.

13.   Capacitar y monitorear a sus fuerzas de seguridad con instrucciones específicas para la persecución del delito de explotación sexual de mujeres, y sobre todo de niñas y adolescentes. Los funcionarios judiciales deben perseguir adecuadamente a estos delincuentes y arbitrar medidas de protección para las víctimas. El sistema de protección social debe brindarles vivienda y capacitación para el trabajo, de modo de que puedan acceder a opciones de vida saludables y legítimas. En los países federales, debiera ser siempre un delito federal.

14.   Enfrentar el delito de trata y tráfico de personas como delito complejo, parte del crimen transnacional organizado. Implementar todo tipo de medidas legislativas, procesales, penales para sancionar a los victimarios, y educativas y de salud para proteger a las víctimas. Deben crear protocolos estandarizados para la investigación de casos de trata con fines de explotación sexual y directivas para la identificación, entrevista y asistencia a las víctimas del delito de trata.

¡YA ES HORA que el Estado garantice los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe!

Exijamos respeto irrestricto al Estado laico !!!

¡DECIDIR NO ES UN DELITO, DECIDIR ES UN DERECHO!

CIBERACCIÓN POR LAS MUJERES DE ZACATECAS

No podemos permitir el retroceso de los derechos de las mujeres, te invitamos a sumarte a las protesta virtual para salvaguardar la vida y la salud de miles de mujeres en Zacatecas.

Exijamos respeto irrestricto al Estado laico y hagamos un llamado a la Cámara de Diputados local a mantener intactos los artículos 21 y 26 de la Constitución Política del estado, y que no responda a presiones de la jerarquía católica.

Participa entrando desde aquí:

http://www.tupuedessalvartuvida.org/ZACATECAS/

Ayúdanos a que más personas se enteren y participen!!!!

Difunde en redes sociales, por mail, blogs…

¡DECIDIR NO ES UN DELITO, DECIDIR ES UN DERECHO!

Palabra de Antígona; Cuadernos Feministas 15 años de trabajo

Por Sara Lovera

Cuadernos Feministas es una publicación que nació como respuesta a lo que en 1994 sucedió en Chiapas con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que permitió a la sociedad mexicana darse cuenta hasta qué punto la población indígena del país había quedado rezagada, a pesar de 84 años de la Revolución mexicana. Donde, además, las mujeres indígenas quedaron de pronto entre dos fuegos. Estos hechos definieron claramente de qué lado estaban las feministas tradicionales e institucionales y aquellas que continúan en la pelea por la verdadera transformación social, más allá de los mecanismos de control, legales o supuestos, que maquillan sin resolver la problemática y el conflicto entre mujeres y hombres, el sistema y la urgencia de la democracia social toda. La publicación impulsada por un grupo de feministas, convocadas por Josefina Chávez, tuvo como objetivo fundamental convertirse en un medio para la discusión sobre el camino del movimiento y el pensamiento feminista en momentos que evidenciaban hasta dónde hablábamos y trabajábamos con mujeres sólo de nuestro entorno o simplemente urbanas. Buscó abrir la discusión seria y profunda. A lo largo de esta década y media, Cuadernos Feminista ha hecho importantes aportaciones, no porque documente o informe sobre el movimiento, sino porque ha dado pautas para la discusión política, poniendo acentos precisos en coyunturas claras, donde ideológica y prácticamente el movimiento tendría que reflexionar. Pero además ha puesto en blanco y negro, cómo mujeres de pueblos originarios de países de África o de Medio Oriente están viviendo cambios muy aleccionadores, que van de la mano de la profundización del mundo global, como del proceso del capitalismo, que afectan la vida de muchas mujeres en el mundo. Desde Cuadernos Feministas se ha hecho una reflexión sobre los feminismos mexicanos, en las márgenes de la academia instrumental y de las acciones políticas feministas en el marco institucional, para convocar, como lo hizo en los encuentros latinoamericanos y mexicanos, a retomar un camino de crítica al sistema que, a pesar de leyes y políticas públicas, no ha mitigado los aspectos centrales de la dominación femenina y, por el contrario, en los últimos años la violencia ha crecido exponencialmente.  En Cuadernos Feminista sus colaboradoras y escritoras tuvieron como eje precisamente el tema de la multiculturalidad y la justicia a mujeres indígenas o de pueblos originarios. 15 años después, aunque se reconozcan esfuerzos organizativos y de diagnóstico, el solo caso de la niña indígena de 8 años, víctima de pornografía y a quien ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo quiso escuchar.  Por eso esta publicación de excelencia, desde hace poco convertida en un blog, ha podido sobrevivir: por su independencia, su capacidad crítica y la tozudez de sus integrantes que saben que la crítica autónoma es fundamental, sobre todo en tiempos de cambios administrativos en México, que obligan a diversos balances. Pero, además, esta publicación que no ha sido complaciente ni es llamada a la institucionalidad del sistema, ha sido fuente de encuentro, entre mujeres de una línea clara de crítica al sistema, fuente de nuevas prácticas entre mujeres, donde campea la camaradería y también los afectos, el respeto y a solidaridad, sin demagogia. La seriedad y capacidad de buena parte de sus escritoras, así como los esfuerzos ciberespaciales de Rocío Duque desde Nueva York por darle universalidad a las discusiones, poner los temas en español e inglés y la sistemática invitación al debate abierto, hace de Cuadernos Feministas una publicación oasis en un desierto del pensamiento, donde todo se lo traga la urgencia, el activismo que reacciona sin meditar y sin discusión teórica, al ritmo de los temas y necesidades del sistema. Esta es quizá su mejor aportación.  Abrir los más de 37 números impresos y varias decenas de emisiones electrónicas, puede llevarnos de la mano a mirar una historia reciente del movimiento, desde una perspectiva feminista revolucionaria, que ha insistido en la urgencia de organizar a las mujeres y no sólo trabajar como segundo piso de las políticas públicas de los gobiernos.  Desde luego que Cuadernos Feministas, que nació con el apoyo de la Asociación Política, Convergencia Socialista, también ha reportado descriptivamente acontecimientos que pueden ser retomados por quienes se interesen en saber cómo ha sido el comportamiento del movimiento feminista de México y, como dije, de otras partes del mundo, en los años de mayor crisis del sistema que por ahora sólo busca remendar la condición social de las mujeres y no transformar de fondo y raíz su realidad.  Hay que felicitar a todas sus colaboradoras, pero especialmente a Josefina Chávez su directora, Rocío Duque, Sylvia Marcos, Ana Ma. Hernández y a Fanny Dargence por su tesón y su trabajo continuado. Recordar todo lo que nos dejó Nelys Palomo y los artículos que han permitido reproducir una estela de intelectuales y maestras. Dar las gracias a todas las que han tenido confianza, a las que la siguen, la leen y en su vida política cotidiana han considerado fundamental para el movimiento feminista la reflexión de fondo, más allá de la reacción coyuntural. Las lecciones de Cuadernos Feministas, están ahí, para el placer y el crecimiento de todas. Hoy se la puede buscar en el ciberespacio y sus números impresos como fuente de investigación. ¡Felicidades!

De: https://www.facebook.com/debatefeminista

Ceguera ante feminicidios

A un mes del asesinato de Imelda Virgen, la indolencia de la Procuraduría de Jalisco para actuar de acuerdo a la tipificación del feminicidio como delito, deja en claro la actitud del Estado ante la violencia de género.

A unos días de entrar en vigencia la figura del feminicidio en Jalisco, se pone a prueba al sistema de procuración de justicia estatal que solo castiga dos de cada 100 delitos denunciados.

Y es que el homicidio de Imelda Josefina Virgen Rodríguez el pasado 28 de septiembre es un caso emblemático por ser el primer feminicidio luego de la tipificación. Ella era una psicóloga de 40 años, profesora y académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Sin embargo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se excusa de que no puede aplicar los protocolos para castigar el homicidio de Imelda Virgen como feminicidio porque aún no se cuenta con éstos. 

La PGJE se excusa de que no puede aplicar los protocolos para castigar el homicidio de Imelda Virgen como feminicidio porque aún no cuenta con ellos

“Sabemos que en nuestro país el sistema judicial promueve la impunidad de este tipo de delitos. Eso hace más fácil que alguien piense que esta es una alternativa”, comenta Verónica Marín, parte del colectivo “¡Queremos seguir vivas!”.

Pero el que Imelda sea el primer caso no quiere decir que las cifras comienzan de cero. A la fecha por lo menos 120 mujeres han sido asesinadas en Jalisco durante 2012.

Una de las más recientes, en San Pedro Tlaquepaque, fue golpeada y perdió la vida en un motel de aquel municipio en la madrugada del 26 de octubre.

Al igual que en el caso de Imelda, en este ninguna autoridad ni medio de comunicación mencionó el término “feminicidio”.

Aunque la tipificación del feminicidio en el Código Penal del Estado de Jalisco publicada el 22 de septiembre en el decreto número 24064/LIX/12 del Periódico Oficial del Estado entró en vigor el día 23, la Procuraduría Estatal no tiene listos los protocolos de investigación.

Y aunque el artículo segundo transitorio en el capítulo de Feminicidio del Código Penal señala que son necesarios 60 días más para que la PGJE y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses publiquen dicho protocolo, Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) exige que se haga ya. 

Ver reporte POR ESTEBAN CONTRERAS - Lunes 29 de octubre de 2012 en Reporte Indigo:http://reporteindigo.com/reporte/guadalajara/ceguera-ante-feminicidios