Mujeres mexicanas piden ayuda contra la penalización del aborto

5 de febrero de 2010,
Por María Julia Mayoral
Prensa Latina

México, 5 feb (PL) La penalización del aborto y el uso de anticonceptivos en 18 de los 31 estados de México es hoy uno de los problemas que más inquietan a diversas organizaciones sociales del país, corroboran debates parlamentarios.

Representantes de agrupaciones civiles pidieron a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados interesarse por el tema, en reunión sostenida la víspera con legisladores de todos los partidos.

Recientes reformas constitucionales en 18 estados de la República prohíben y sancionan el empleo de anticonceptivos y el aborto, en violación de los derechos reproductivos de las mujeres, reiteraron las activistas sociales.

Para el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, "es una verdadera vergüenza que se penalice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo".

Según estimó el coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, "todos estamos obligados a apoyar, ofrecerles el diálogo para que esto tenga un final a favor de las mujeres".

Como parte del intercambio, la diputada Laura Elena Estrada, del gobernante Partido Acción Nacional, también señaló la importancia de discutir el conflicto y destacó la presentación de una iniciativa de ley sobre la paternidad responsable, para fijar las obligaciones de los hombres al engendrar una criatura.

En opinión de la agrupación Derecho a decidir, las reformas, que ya están en vigor en varios estados, significan un grave retroceso al criminalizar a las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad aun en casos de violación, indicó una de las integrantes de esa organización, Elsa Conde.

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la cámara baja, Teresa del Carmen Incháustegui, consideró que las leyes suscritas en varios territorios contravienen tres principios fundamentales: los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, el Estado laico y la doctrina de la persona jurídica.

Incháustegui calificó de aberración jurídica lo que está ocurriendo; en Guanajuato, ilustró, sancionan a privación de libertad por más de 40 años a las mujeres que abortan, cuando existen criminales libres después de cumplir cinco años de prisión.

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